Información Sobre la Ley Limón de Isuzu
Un comprador o arrendatario de un vehículo motorizado posee muchas protecciones bajo la legislación estatal y federal si el vehículo no funciona como se ofrece bajo una garantía expresa. La legislación sobre garantías suele ser complicada e intrincada, y difícil de describir a fondo en un espacio breve. Los comentarios a continuación explican brevemente la Ley de Garantía Magnuson-Moss y la Ley de Garantía del Consumidor Song-Beverly, es decir, lo que se conoce ampliamente como la “Ley Limón.”
¿Tiene un Isuzu Limón?
Las Leyes Estatales de Limón y la Ley Federal de Limón (la Ley de Garantía Magnuson-Moss) brindan remedios para los compradores y arrendatarios de California de automóviles y camiones que no funcionan correctamente y otros vehículos y productos de consumo como motocicletas, vehículos recreativos, botes, computadoras, y varios productos electrodomésticos individuales. Para cumplir con los requisitos de la Ley Limón estatal y la Ley Limón federal, debe tener un producto de consumo que haya soportado varios intentos de reparación dentro de la garantía de fábrica del fabricante. Los daños de la Ley Limón incluyen la devolución de su dinero, la unidad de reemplazo o incluso la liquidación en efectivo. La Ley de Garantía del Consumidor Song-Beverly de California, comúnmente conocida como la Ley Limón de California, se promulgó inicialmente para brindar alivio a los compradores y arrendatarios de vehículos motorizados problemáticos. Por lo general, la Ley Limón de California se aplica a los vehículos que los concesionarios de automóviles no han podido reparar dentro del período de garantía después de haber tenido una variedad razonable de oportunidades para hacerlo. Para los vehículos que califiquen, el fabricante debe devolverle al consumidor su dinero más pagar el saldo del préstamo restante o reemplazar el vehículo con un modelo sustancialmente idéntico. La Ley Limón de California también exige que el fabricante del vehículo cubra el costo de los honorarios y costos del abogado del cliente, en caso de que el consumidor prevalezca con el reclamo. Esto hace que las leyes sean económicamente prácticas para personas que de otro modo no serían capaces de contratar a un abogado.
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